LLuvia de recortes: El gobierno derogó el RENACI y cerró una empresa ferroviaria estatal

El Gobierno Nacional continúa con su política de recortes para no desviarse del objetivo central, que es mantener el superávit fiscal. Tal es así que este martes decretó la derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci).

Mediante la Resolución 53/2024, fija: “establecer, la suspensión de todas las solicitudes en trámite de inscripción de las comunidades indígenas que se encuentran actualmente en el REGISTRO NACIONAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS (RE.NA.C.I.), sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan”.

El Renaci funciona desde 1989, durante el gobierno de Menem, a través de la Reglamentación de la Ley Nº 23.302, norma aprobada durante la gestión de Alfonsín. Funcionaba bajo la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Su objetivo era tener actualizada la nómina de comunidades indígenas inscriptas y no inscriptas del país. Las comunidades inscriptas en el registro están protegidas bajo el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes.

A su vez, este mismo martes, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, anunció el cierre de una empresa ferroviaria estatal, Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), que implica la desvinculación de 1.388 empleados y un ahorro para el Estado de $42 mil millones anuales.

Mogetta dijo, en conferencia de prensa en Casa Rosada: “No vamos a permitir que el Estado gaste un peso más del necesario para su funcionamiento. Hoy estamos reduciendo un costo mensual mayor a los $3200 millones y cada vez que encontremos funciones duplicadas vamos a trabajar para eliminarlas. No podemos permitir que en la Argentina, con 53% de pobres, se gaste un peso en sueldos privilegiados o estructuras innecesarias”.

El secretario de Transporte explicó: “Era una empresa ferroviaria que no tenia funciones, o funciones que estaban duplicada en las empresas ferroviarias. Esto representa una baja en la planta de personas del Estado de 1.388 puestos de trabajo a menos que el Estado no va a tener que pagar”.