La enorme deuda de justicia por los atentados en la Argentina

Primero fue el atentado a la Embajada de Israel. Ocurrió el 17 de marzo de 1992. Causó 22 víctimas fatales y 242 heridos. Por ser un atentado contra una sede diplomática extranjera en nuestro país, fue la Corte Suprema de Justicia la que se encargó de la investigación. No se ha identificado a ningún sospechoso y hasta ahora no hubo elevación de la causa a juicio. La embajada, que se ubicaba en la esquina de Arroyo y Suipacha, quedó totalmente destruida, después que una camioneta F-100, cargada de explosivos y conducida por un suicida, se estrelló contra el edificio.

Recuerdo el estruendo, el externo, que escuché desde la terraza del edificio del Canal desde donde conducía un programa de televisión, ya que fue a las 14.45 hs, y sólo restaban 15 minutos de transmisión en vivo. Advertí a la producción sobre ese ruido estrepitoso que jamás antes había escuchado e intuí, sin saberlo, que provenía de un hecho muy grave. Poco después se supo sobre el atentado. Y allí el estruendo fue interno, el del Alma, el que una siente cuando se le estruja el corazón. Mi desazón y estremecimiento ante un acontecimiento de tamaña magnitud en nuestro país, aún lo recuerdo con mucha angustia.

El segundo ataque terrorista, ocurrido dos años después de aquel a la Embajada de Israel, fue el 18 de julio de 1994. Fueron 85 las víctimas fatales y 300 las heridas. No nos habíamos repuesto aún del anterior atentado, que este, una vez más, llenó de heridas nuestra Alma. Heridas que sólo podrían, en parte, ser cicatrizadas con justicia, con culpables y condenas. Recuerdo las instancias judiciales fallidas que se llevaron a cabo. Desde al ex juez Juan José Galeano, en su primera intervención, y parte de los fiscales que, si bien habían determinado la utilización de un coche bomba que derivó en la detención de su supuesto propietario, terminaron condenados por encubrimiento, habiéndose descubierto que el presunto facilitador del vehículo utilizado como coche bomba, Carlos Telleldín, había recibido 400.000 dólares para involucrar a un grupo de ex policías de la provincia de Buenos Aires. En 2004 la investigación que el ex juez Galeano había iniciado en 2001, fue anulada, el año anterior había sido apartado de la causa, al igual que los fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen, por las supuestas irregularidades cometidas durante la investigación, y los imputados absueltos, absolución que se revirtió tras un fallo de la Corte Suprema de 2009, pese a que el dueño del vehículo volvió a ser absuelto en 2020. No pudo probarse su responsabilidad.

En 2004 se creó una fiscalía especial para la causa AMIA que quedó a cargo de Alberto Nisman, el único fiscal de la causa que no quedó involucrado en irregularidades, quien atribuyó la autoría intelectual a nueve miembros del gobierno de Irán y la ejecución de parte de Hezbollah. No se pudo avanzar en la conexión local, pero se activaron las alertas rojas de Interpol para cinco de los imputados. El juez que entendió en la causa en reemplazo de Galeano fue Rodolfo Canicoba Corral, quien volvió a ordenar la captura de siete ex funcionarios iraníes y un miembro operativo del Hezbollah, acusados por la fiscalía. Desde ese entonces Irán fue requerido por los gobiernos argentinos que se fueron sucediendo, de extraditar a sus ciudadanos acusados para ser juzgados por un tribunal de nuestro país o del extranjero.

En 2013 el gobierno de Cristina Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán, de modo que los iraníes acusados fueran puestos a disposición de una comisión de juristas internacionales, el cual se convirtió en ley, habiendo sido ratificado por el Congreso de la Nación. En 2014 la justicia argentina lo declaró inconstitucional, el Parlamento iraní nunca lo aprobó, por lo que no entró en vigencia. El memorándum establecía que el juez Canicoba Corral, en ese entonces magistrado a cargo de la causa, y el fiscal Alberto Nisman, podían viajar a Irán para tomarle declaración indagatoria a los acusados. Como el Consejo de Gobierno de Irán nunca lo aprobó, no se pudo poner en marcha.

Fue el 18 de enero de 2015 que al fiscal Alberto Nisman se lo encontró muerto en su domicilio de Puerto Madero, luego de haber presentado una denuncia contra Cristina Kirchner y otros funcionarios, entre los que se encontraba el ex canciller Héctor Timerman, por supuesto encubrimiento del atentado a través del memorándum mencionado, y poco antes de iniciarse el juicio por esta acusación. Hubo una desestimación de la justicia por entender que éste no había entrado en vigencia, reabriéndose la causa durante la presidencia de Mauricio Macri. La ex presidenta sostuvo que había una persecución política en su contra, cuando fue procesada con prisión preventiva, junto con otros ex funcionarios. En 2021 la justicia los sobreseyó. En ese entonces Cristina Kirchner era vicepresidenta. Apelación mediante, la causa llegó a la Corte Suprema, que debe decidir al respecto.

Habiendo sido en las fechas de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, el ex presidente Carlos Menem, quien gobernaba el país, fue él mismo quien, en 2004, señaló que los ataques terroristas pudieron haberse debido a que “él fue el único presidente argentino que visitó Israel”, y que “lo otro que puede ser, es el envío de las naves argentinas al Golfo”. En 1991, con el objetivo de reforzar la coalición liderada por los Estados Unidos contra Irak, la Argentina envió dos buques de guerra al Golfo Pérsico, demostrando el rumbo de la política exterior trazada por el entonces presidente Menem. También se dijo, en momentos de la investigación, que la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología a Irán fue clave para que nuestro país fuese el blanco de un ataque, como en esa oportunidad lo fue la AMIA. Carlos Menem fue juzgado por encubrimiento del atentado para luego ser sobreseído.

En junio de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por no haber cumplido con su deber de investigar el atentado al igual que el encubrimiento, luego de una demanda de la asociación civil Memoria Activa. El Estado argentino deberá reparar a las víctimas y familiares, con el reconocimiento público de su responsabilidad, la realización y proyección nacional de un documental coordinado por ellos, sobre las violaciones constatadas y el impacto que tuvieron en las víctimas, la creación de un archivo público accesible a todo el público sobre los hechos del atentado, la investigación, su encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas, para el esclarecimiento de la verdad, la capacitación de los fiscales federales a cargo, desclasificación de documentos secretos, entre otras cuestiones, en el plazo de un año.

En línea con la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el acto de hoy, el presidente de la AMIA, Amós Linetzky, cuestionó el rol del Estado argentino “por haber mirado para otro lado, colmado de falencias, demoras y errores”. Ya pasaron 30 años de aquel 18 de julio de 1994. Por ello el reclamo del titular de la AMIA al Congreso y a la Justicia: “¿Cuántas décadas más tienen que pasar? ¡Hagan su trabajo!”, instando a diputados y senadores a actualizar la legislación vigente, ya que, aclaró, “al terrorismo no se lo puede prevenir, investigar y juzgar con las mismas herramientas que a un delito común”. Estando presente el presidente Javier Milei y parte de su Gabinete, Linetzky, a su vez señaló, que el gobierno “ha mostrado voluntad” y celebró que haya declarado terrorista, a la organización Hamas, ya que recurrió a una asociación entre los atentados, señalando que “el factor común entre el atentado a la AMIA y el 7 de octubre es también un acto infundado”, enfatizando “la intolerancia” y “el desprecio por la vida”, agregando que el “otro factor común” es “la reacción canalla de tantos hipócritas, los mismos que hablaban de una auto implosión y que el ataque a la AMIA era una cuestión de los judíos y no de toda la sociedad argentina, son aquellos que hoy justifican el accionar de Hamas o callan y no lo condenan”.

En presencia de los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Santiago Peña, Amós Linetzky apuntó a la expectativa que deposita en “todos los países de la región“ para que declaren al grupo Hamas como terrorista. Fue luego de que el presidente de Israel, Isaac Herzog, agradeciera a estos dos primeros mandatarios y a Javier Milei, por “unirse y enviar un mensaje claro e importante en su región y el mundo”. Recordemos que los presidentes de Uruguay y Paraguay llegaron a la Argentina para participar de un seminario sobre terrorismo organizado por el Congreso Latinoamericano Judío, cerrado por Milei, en vísperas del acto al cumplirse 30 años del atentado a la AMIA.

Si bien Hamas le había respondido a Milei, luego de que el gobierno argentino incluyera a esta organización entre la lista de las calificadas como terroristas, y de haber llamado a la Argentina “a retractarse” y que “le hará lamentar su enemistad con Irán”, que recibió de parte del presidente argentino la respuesta de que nuestro país no se dejará “amedrentar”. Fue durante su alocución en el cierre del Congreso Latinoamericano Judío que el presidente Javier Milei, declaró que “debemos ser firmes e implacables contra el terrorismo”, estableciendo que “no hay matices, sólo existe el bien y el mal” y “es algo que ningún gobierno se atrevió a hacer por especulación diplomática”. Aseguró, a su vez, que “el terrorismo iraní es un asunto de interés nacional que afecta de forma directa a la vida de los argentinos”. Sumó otro punto a esta cuestión, que es la presentación de un proyecto de Juicio en Ausencia, para extenderlos a delitos de extrema gravedad, y que busca juzgar a los iraníes involucrados en el atentado. Hoy hay 11 acusados en el expediente principal, que tienen pedido de captura internacional.

Estremece escuchar el sonido de la sirena a las 9.51 cada año que pasa. Duele saber que día tras día, las víctimas del atentado a la AMIA, sus familiares y todos los argentinos, esperamos resoluciones judiciales esclarecedoras y punibles. Angustia escuchar el nombre de cada una de las 85 personas que perdieron la vida hace 30 años. Hace 30 años. Por eso reitero, tal como lo expresé en el título de esta editorial de @Haceinstantes, que la deuda es enorme. Y debemos saldarla. Por los que murieron, por los que resultaron heridos, por sus familiares, por todos nosotros y los que vendrán.

María Belén Aramburu